Mattos: " No le vamos a dar el derecho a nadie que nos venga a enseñar la importancia de la sostenibilidad. El punto de partida debe ser el diálogo, no la imposición”, dijo Mattos.
Buenos Aires, 30 de julio de 2024 (IICA) – Gobiernos de los países del Cono Sur de América participaron en un debate con representantes del sector privado y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en el que reafirmaron su compromiso con la sostenibilidad de la actividad agropecuaria y expresaron su preocupación por el Reglamento sobre Deforestación de la Unión Europea (UE), del que dijeron que podría perjudicar a pequeños y medianos productores y también a los consumidores si deriva en un aumento del precio de los alimentos.
Reclamaron, por eso, que se postergue su entrada en vigencia, prevista para el próximo 31 de diciembre, para que pueda ser discutida con amplitud.
El panel de discusión se desarrolló en el marco de la tradicional Exposición Rural de Buenos Aires y reunió al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Fernando Mattos; la agregada agrícola de la embajada brasileña en Argentina, Andrea Parrilla; y el subsecretario de Mercados Agropecuarios y Negociaciones Internacionales de Argentina, Agustín Tejeda.Participó también el embajador de la UE en Argentina, Amador Sánchez Rico, quien dio detalles del Reglamento, que a partir del año próximo exigirá a los exportadores de productos primarios a Europa que certifiquen que la producción no ha generado deforestación.También fue oradora Juliana Salles Almeida, Especialista Líder de Cambio Climático del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mientras que el presidente y el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino y Marcos Pereda, fueron parte de la apertura y el cierre de la conversación.El representante del IICA en Argentina, Fernando Camargo, fue el moderador.
En respuesta a preguntas de Camargo, Sánchez Rico afirmó que la UE no prevé que se postergue la entrada en vigencia de la norma –lo que es un reclamo de países del Cono Sur de América, ante la falta de información sobre cómo se realizará la implementación y la escasez de tiempo- y además indicó que no está cuantificado el aumento de los costos para los productores que implicará esta nueva exigencia.
Tanto Mattos como Tejeda y Parrrilla señalaron que, en este tema, tienen una estrategia coordinada los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y los del Consejo Agropecuario del Sur (los anteriores más Bolivia y Chile). En ese sentido, dijeron que la norma contra la deforestación esconde una voluntad proteccionista de las naciones de la UE.
También señalaron que los pequeños productores serán los más perjudicados y que todavía falta esclarecer muchas cuestiones en cuánto a cómo se aplicará el Reglamento 1115/2023. Objetivo común“La sostenibilidad es un objetivo común de nuestros países.
No le vamos a dar el derecho a nadie que nos venga a enseñar la importancia de la sostenibilidad. El punto de partida debe ser el diálogo, no la imposición”, dijo Mattos.
El ministro uruguayo advirtió: “Si bien nosotros necesitamos vender, los europeos necesitan comprar.
No sé quién depende más del otro; deberíamos hablar de una mayor complementación”.Agustín Tejeda consideró que la norma tiene efectos distorsivos sobre el comercio, es arbitraria y no respeta legislaciones nacionales.“Argentina, junto a sus socios de la región, defiende el sistema multilateral de comercio y rechaza las barreras que no son compatibles con él.
Vamos a cuestionar este reglamento en todos los foros internacionales y en todas las oportunidades que tengamos”, afirmó Tejeda.“Cuestionamos el enfoque unilateral –agregó- porque entendemos que problemas globales, como el cambio climático y la crisis ambiental, exigen respuestas globales”.Andrea Parilla aseguró que la entrada en vigencia va a tener efectos muy adversos: “Va a generar aumentos de costo, expulsión de los pequeños productores del campo, reducción de la oferta de alimentos e incluso puede generar inflación”, advirtió.“Hubiésemos esperado un ambiente de cooperación y debate cuando esta norma se elaboró.
Y también, que en una fase de transición, el cumplimiento de la norma hubiese sido voluntario”, añadió.Desde el sector privado también se cuestionó la imposición unilateral de la UE.
“Debemos tener sentido común y no exigir cosas que quizás ni uno mismo pueda cumplir. Buscamos el bien común y hay que seguir conversando, porque tenemos la responsabilidad de trabajar en conjunto para alimentar a un mundo convulsionado”, dijo el Presidente de la SRA, Nicolás Pino.También expusieron los perjuicios que sufriría la actividad productiva Pablo Ruival, presidente de la Asociación Forestal Argentina (AFoA); el productor Francisco Santillán, miembros de la Comisión de Granos de la SRA; Juan José Grigera Naón, presidente de la Oficina Permanente Internacional de la Carne; y Patricio Cortabarría, consejero de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM).
Desde el lado de la UE, el embajador Sánchez Rico consideró que las críticas y las preocupaciones de los gobiernos y los productores son legítimas.“Estamos haciendo lo necesario para abrir los canales comunicación.
América Latina, y en particular los países del Mercosur, tiene todo para alimentar y también para dar energía al mundo y lo que nosotros necesitamos son socios confiables”, sostuvo.“Nos parece esencial –afirmó Sánchez Rico- hablar con todos los sectores y especialmente con el primer eslabón en la cadena, como son los productores ganaderos.
Lo importante es que seamos sinceros y pongamos todas las cartas sobre la mesa.
Estamos ante una norma que no responde a ningún espíritu de proteccionismo, porque son requerimientos que se aplican también dentro de la UE y responden a las exigencias de los consumidores europeos”.
“Tenemos discrepancias –concluyó- en cuanto a cómo alcanzarlo, pero nuestro objetivo es común: producir más, mejor y de manera sustentable”.