Según el Tribunal de Cuentas de la Nación, la prórroga de la concesión a TCP/Katoen Natie por 50 años, acordada por la Administración de Puertos, con la compañía belga, “resulta ajustada a derecho”.
La concreción del acuerdo, evitó que la concesionaria iniciara un arbitraje millonario contra el Estado uruguayo con un consecuente juicio internacional por 1.500 millones de dólares, informaron fuentes del Poder Ejecutivo cuando el acuerdo tomó estado público en febrero de 2021.
A su vez, según prevé el acuerdo, TCP Katoen Natie invertirá en obras en el Puerto de Montevideo, una suma que oscila en US$ 500 millones.
El riesgo del juicio de la empresa belga, contra el Estado, había iniciado su curso, antes de la asunción del actual Gobierno, siendo la situación una “herencia” de la administración anterior, tal cual lo han calificado miembros del Poder Ejecutivo nacional.La decisión del Tribunal de Cuentas se aprobó en las últims horas, por cuatro votos a favor y tres en contra. Es decir, el Tribunal dio el visto bueno al negocio firmado entre el gobierno uruguayo y el TCP/Katoen Natie en base al informe favorable del director y subdirector de Jurídica y del director del departamento a estudio del expediente, según una fuente del organismo.
El nuevo proyecto de resolución, recuerda que el decreto 183/994 define que “la operación de contenedores debe hacerse en una instalación especializada” y agrega que “la única terminal especializada es la de Terminal Cuenca del Plata S.A., por lo que las operaciones de contenedores deben efectuarse en la misma y únicamente en forma excepcional puede operarse con contenedores fuera de ella”.
Debe recordarse, que antes de 1992, el Puerto era operado por el Estado. Es decir, estaba en manos de la ANP.
La Ley de Puertos de 1992, abrió la posibilidad de que privados comenzaran a realizar todos los servicios de carga y descarga.
Asimismo, por primera vez, dicha ley abrió la especialización de áreas portuarias como lo fue el Muelle de Escala para contenedores.
El reglamento de atraques de 1993 otorgó la prioridad de arribos de barcos portacontenedores al área especializada que hoy integra la concesión de TCP.
En 1994 se dictó el decreto de operaciones portuarias, cuyo artículo 72 también le da prioridad al área especializada de carga y descarga de contenedores.
Es decir, el reglamento de 1993 y el decreto de 1994 otorgan primacía al área especializada para los atraques de barcos.